Alijor cerró la fábrica y deja a 300 trabajadores en la calle

Luego de un fin de semana de paros y conflictos reiterados en el interior de la fábrica, el STIA filial Buenos Aires busca dialogar con el dueño de la empresa para revertir la situación

Crónica del conflicto

Alijor es una fábrica de productos panificados que surgió en 1989 con capitales nacionales en su totalidad y que mantiene su misma estructura  desde entonces. En la empresa trabajan alrededor de 3oo trabajadores que ven comprometida su fuente de trabajo por la decisión unipersonal del dueño de la empresa Benjamín Bioderma.

Los trabajadores de Alijor, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA filial Buenos Aires), decidieron en asamblea tomar medidas de fuerza tras reiterados problemas en el pago de haberes a término.

Según lo que establece la ley, los sueldos se deben acreditar hasta el cuarto día hábil del mes. El problema surgió cuando los trabajadores se anticiparon y manifestaron su preocupación por los días feriados del 29, 30 de marzo y 2 de abril, los cuales se encadenaban con los paros bancarios anunciados del 3, 4 y 6 de abril del Banco Provincia de Buenos Aires.

La empresa hizo oídos sordos a este reclamo, y no  garantizó que el pago se realice el día jueves 5, única fecha posible de pago. La respuesta por parte del dueño, Benjamín Bioderma, fue que los pagos se efectuarían el  día 9 de abril.

Frente a la respuesta del dueño, que fue interpretada como un nuevo avasallamiento de los derechos de los trabajadores por parte de la empresa, los trabajadores decidieron comenzar el paro el día viernes 6 de abril.

El incumplimiento del pago de las vacaciones a término es otro eje de discusión. «Ha sucedido que los compañeros que tienen la suerte de viajar se encuentren sin plata en la cuenta porque no le depositaron las vacaciones«, sostuvo un delegado. Esto también es motivo de denuncia en el Ministerio de Trabajo.

El rol de las asambleas

La Comisión Interna de la fábrica compuesta por Mauricio Ayala, Nicolás Piñas, Adrián Trejo, Lucas “Bocha” Vallejo y César Silva, encabezó el manejo del conflicto y  decidió actuar en función de las resoluciones de la asamblea, es decir el voto de los trabajadores.

Durante el turno noche del domingo, se resolvió por voto de la mayoría continuar con la medida de fuerza a pesar de que el Jefe de Personal pidió a los trabajadores que levanten el paro y aseguró que el lunes a las 10 se harían efectivos los pagos.

El planteo de los trabajadores, en respuesta al representante de Alijor, fue que levantarían la medida una vez que la empresa cumpla con su compromiso. En concordancia con esta decisión, los trabajadores del turno mañana ratificaron la determinación de los compañeros del turno anterior y decidieron continuar con la medida de fuerza ya que eran  las 11 de la mañana y  aún no se acreditaban los sueldos.

Durante todo el conflicto, la Comisión Interna se encargó de liderar los intercambios. Se informaron los diálogos de los miembros de la CI  con los directivos de la empresa en las asambleas y luego, entre todos, se decidió qué hacer al respecto. Con la asesoría y el apoyo del sindicato se están direccionando las denuncias por los incumplimientos al Ministerio de Trabajo.

Es que de forma paralela al plan de lucha, se habían realizado las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo , cuya conducción está a cargo de Jorge Triaca.

Lo que se reclama básicamente es que las remuneraciones se realicen dentro del término que establece la normativa vigente. Asimismo, se denunció la demora en el pago de las vacaciones y el pedido explícito de que se respeten las horas del paro y los premios en la liquidación de haberes.

Un barco sin timón

El episodio que generó el conflicto en Alijor no es un hecho aislado. En enero el pago de los haberes se realizó el día 9. La excusa del dueño de la empresa fue infantil e, incluso, hasta ridícula, si consideramos que se trata de la vida de 300 familias. Según informaron, no había podido salir del campo por las intensas lluvias y por eso se retrasó en el pago. Sin embargo, los sucesos se leen de otro modo cuando consideramos el contexto familiar.

Los problemas comenzaron cuando el dueño de la empresa, Benjamín Bioderma, tuvo que encargarse por completo de las decisiones de la fábrica tras la muerte de su hijo. El empresario es un hombre de 83 años que no contaba con estas tareas a la altura de su vida ni con la enfermedad terminal de su hijo.

Las conversaciones con los representantes de la empresa, que suelen ser el Jefe de Personal y la contadora, no son fáciles. Como voceros del dueño de la empresa llegaron a afirmar que si no aceptaban las condiciones que establecía la empresa, se vería en peligro su continuidad. La amenaza explícita como herramienta de negociación hizo que todo se vuelva más tenso.

Antecedenes

En los primeros días de febrero miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires (STIA) intervinieron en un conflicto por pedido de la asamblea.

El problema surgió cuando desde la empresa se rumoreó el despido de 20 e incluso 25 personas. Rodolfo Daer, secretario general; Sergio Escalante, secretario adjunto y Lidia Crespo, secretaria gremial se hicieron presentes en la fábrica y se reunieron con directivos de la empresa junto con la Comisión Interna.

Gracias a este espacio de diálogo construido por las autoridades del STIA, se pudieron resolver las inquietudes de los trabajadores y el tema de las cesantías se disipó. Según, los delegados, desde la empresa decidieron que los problemas «económicos» que alegaba la empresa serían resueltos con un aumento de precios.

El peor desenlace

Si bien el conflicto parecía mantenerse encausado en esta oportunidad por medio del diálogo que los delegados mantenían con el Jefe de Personal y las gestiones legales realizadas en el Ministerio de Trabajo; de forma abrupta el día de hoy, martes 10 de abril, el dueño de la fábrica anunció el cierre de la misma.

Esta drástica y radical decisión del dueño de la empresa, determinó la intervención directa del Consejo Directivo del STIA  que por medio de su secretario general, Rodolfo Daer, y la secretaria gremial, Lidia Crespo, iniciaron gestiones para que se de marcha atrás con esta decisión arbitraria.

Al momento se mantienen las gestiones a contrarreloj para solucionar el conflicto y lograr que 300 personas no pierdan su trabajo. Las próximas horas serán de gran importancia para la vida de cientos de trabajadoras y trabajadores que están en manos del antojo patronal.

 

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